El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad la Ley de Bioclimatización de centros educativos

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles por unanimidad la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables.

La finalidad de esta ley es "la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos andaluces, mediante el desarrollo de determinadas actuaciones que contengan la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías renovables, en coherencia con los objetivos de calidad en la enseñanza, reglamentación laboral y adecuación a los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos por la legislación andaluza, estatal y europea".

La norma, que se estructura en tres capítulos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria y tres disposiciones finales, se fija como objetivo "contribuir a reducir la huella de carbono a lo largo de la vida útil de la edificación y, en general, contribuir a las medidas frente al cambio climático".

La ley justifica como "de especial interés" para Andalucía "acometer las acciones oportunas para garantizar un ambiente saludable" de los escolares y del conjunto de la comunidad educativa, "garantizándoles un ambiente confortable, en términos de temperatura, humedad y ventilación de las edificaciones, en los colegios e institutos públicos en los que se imparten las enseñanzas obligatorias, así como las postobligatorias de Bachillerato, Ciclos Formativos, Enseñanzas Musicales y de Idiomas".

A la vez que se logra ese objetivo, apuesta por "limitar el gasto energético en electricidad y combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y convirtiendo a Andalucía en un referente estatal, europeo y mundial en la atención con técnicas bioclimáticas y tecnologías renovables" a su comunidad educativa.

Las obligaciones dimanantes de esta ley serán "de aplicación" para los centros docentes públicos de titularidad tanto de la Junta de Andalucía como de las corporaciones locales y otras administraciones públicas, "creados mediante convenios de cooperación", y para los que sean "propiedad de otras administraciones públicas y donde se desarrollen servicios, programas y actividades educativos".

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

La ley establece que la Junta de Andalucía llevará a cabo "valoraciones" o "auditorías energéticas" de los centros educativos públicos de Andalucía "al objeto de conocer tanto las demandas energéticas de cada centro como las medidas correctoras necesarias". Contempla que, "en el plazo de seis años desde la entrada en vigor" de la ley, "deberá haberse realizado la totalidad de las valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos", si bien el plazo es más reducido --de 18 meses desde la entrada en vigor-- para completar las valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos que se consideren "prioritarios".

Para dar prioridad a unas valoraciones o auditorías energéticas, la Junta deberá apoyarse en criterios como la fecha de construcción de la infraestructura y la "inclusión en los sucesivos planes de infraestructuras de actuaciones significativas de reforma en centros por aproximación al final de su vida útil o por degradación de sus infraestructuras".

En cuanto a la financiación de las actuaciones, la ley contempla que, "por convenio financiero entre la administración pública titular del centro y la Junta de Andalucía, se podrá consignar la forma de financiación de las obras de adecuación energética", y las cuantías incentivables por la Administración autonómica "podrán ascender al 100% del presupuesto de la actuación".

Finalmente, el proyecto de ley atañe también al "entorno exterior" de los centros educativos --entendido como tal "todas las zonas e instalaciones destinadas a patios o a otros usos en toda la superficie perimetral acotada" del colegio--, que "deberá adaptarse a los objetivos señalados" en la norma.

GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha señalado que "el consenso" conseguido con la aprobación de esta ley "debe ser el faro que nos guíe" y ha señalado que "el PSOE-A la ha apoyado sin poner trabas". "Necesitamos que los centros educativos cumplan con la legislación vigente y que los 26 grados sean el límite para realizar una tarea", ha apuntado, toda vez que ha llamado a ser "rigurosos pero también flexibles" con esta normativa teniendo en cuenta la situación que deja la pandemia del coronavirus.

Del lado del PP-A, su parlamentario Miguel Ángel Ruiz ha valorado los "muchos puntos de acuerdo" que han encontrado los diferentes grupos ante esta ley y ha llamado la atención sobre que también incluya una vía de financiación para las obras en los centros concertados. Ha destacado las 73 enmiendas presentadas por los grupos --40 entre PP-A y Cs, 18 de Vox y 15 de Adelante--, a excepción del PSOE-A que "no ha realizado ninguna para mejorar el texto". "La ley que sale es de todos", ha subrayado.

Por parte de Ciudadanos (Cs), la diputada María del Mar Sánchez Muñoz ha señalado que "la ley ha sido mejorada" en su tramitación por la labor de los grupos parlamentarios para que sea "una ley útil" y ha advertido del "cambio de actitud" del Gobierno andaluz, especialmente de Cs, para que esta norma salga adelante en comparación con la actitud del anterior gobierno socialista.

En nombre de Adelante Andalucía --grupo proponente de esta ley--, su portavoz adjunto, José Ignacio García, ha comenzado su turno de palabra agradeciendo el trabajo de todos los grupos para sacar adelante esta ley y de las 'Escuelas de Calor', las ampas de Andalucía, sindicatos como CCOO, Ustea, CGT o ANPE y organizaciones de consumidores como Facua, con organizaciones ecologistas y de estudiantes.

"Es un avance para la educación pero no es la solución para todos los problemas. Genera un derecho y es el principio del camino", ha destacado, toda vez que ha señalado que le gustaría que las auditorías energéticas" que la norma contempla "se hicieran desde lo público", o que hubiera "más elementos de participación de la comunidad educativa", así como que "garantizara una figura como la del coordinador medioambiental en los centros educativos".

Por último, la diputada de Vox María José Piñero, tras destacar "la vuelta" que se le ha dado a la propuesta inicial de esta ley de Adelante Andalucía, ha señalado que la finalidad de la misma es mejorar las condiciones térmicas y ambientales con técnicas bioclimáticas. "Lo que les interesa a los padres es que sus hijos no se cuezan en verano ni usen los abrigos dentro de las aulas en invierno", ha apuntado, toda vez que ha indicado que también tendrá efectos en los colegios privados sostenidos con fondos públicos.